Ampliar su alcance a empresas públicas, fundaciones, órganos autónomos y descentralizados del Estado, es la propuesta que el diputado Bernardo Berger (RN) planteó para mejorar el proyecto sobre protección en favor del denunciante en actos contra la probidad administrativa,

La iniciativa es analizada desde esta semana en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja. Crea un estatuto y con ello un canal al alero de la Contraloría General de la República para que todo funcionario pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos. Además establece una serie de medidas de protección en favor de quien denuncia.

“El país requiere más que nunca establecer mecanismos que garanticen la probidad de los actos y del ejercicio funcionario, pero una de las piedras de tope es la inhibición de los denunciantes por temor a persecuciones; por eso este proyecto es importante pues entrega garantías para incentivar la denuncia y proteger al denunciante”, señaló Berger.

La ley 20.205 sobre Estatuto Administrativo vigente, solo rige en la administración central del Estado, y es aplicable soló para funcionarios de planta. De ahí que la propuesta amplia la protección y el campo de acción al garantizar protección por igual a todos los funcionarios públicos denunciantes, sean éstos de planta, contrata u honorarios.

Sin embargo, precisó Berger, “el proyecto, siendo bueno, en su redacción actual no considera lo que pasa en las empresas públicas, las fundaciones y los organismos constitucionales autónomos como los municipios y los gobiernos regionales, cosa que considero, debe ser corregida para contar con un estatuto verdaderamente amplio y efectivo en materia de probidad”.

Esta semana la comisión de gobierno interior recibió de forma telemática al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al contralor general de la República Jorge Bermúdez, para conocer sus enfoques respecto a la materia.

Por editor

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